Según las estimaciones, para 2030 la producción de energías alternativas aumentará exponencialmente. Sin embargo, gran parte del éxito de la transición energética dependerá de la capacidad de implementar la infraestructura para el almacenamiento...
Corría el año 2018 y, para 2023, la capacidad de generar electricidad mediante fuentes renovables, como la fotovoltaica y la eólica, se había más que duplicado a nivel mundial. Italia cerrará 2024 con una nueva capacidad instalada de fuentes renovables equivalente a 7,5 gigavatios, un récord para nuestro país, que supera con creces los 5,7 gigavatios del año pasado, como destacó recientemente Francesco Del Pizzo, director estratégico de desarrollo y despacho de redes de Terna.
Todo esto en un escenario que identifica el año 2030 como una etapa fundamental en el proceso de transición energética global, en el que Italia deberá aumentar significativamente su capacidad de producción de energía a partir de fuentes renovables, tanto para reducir sus emisiones de CO2 y cumplir con los compromisos ambientales europeos, como para reducir su dependencia del gas y el petróleo extranjeros, esenciales para la sostenibilidad y la seguridad energética nacional.
Los últimos datos publicados por RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), la empresa controlada indirectamente por el Ministerio de Economía y Finanzas dedicada al análisis, estudio e investigación aplicada a todo el sector energético, muestran que para 2030 los sectores hidroeléctrico, solar y eólico tendrán que crecer un 63% y que las energías renovables para usos térmicos y para transporte tendrán que crecer un 38% y un 40% respectivamente. Las estimaciones para la adopción del Pacto Verde indican que se deberán instalar 26 nuevos GW de plantas de fuentes renovables programables y 83 GW de fuentes renovables no programables (principalmente eólica y solar). De hecho, en los próximos ocho años, se necesitarán instalar 12,3 GW de energía eólica, 3,2 de los cuales marinos, y casi 30 GW de nuevos sistemas solares fotovoltaicos. Estos objetivos cuantitativos deberán ser aún más ambiciosos si se tiene en cuenta el paquete climático europeo Fit for 55, que requiere una mayor aceleración. La Agencia Internacional de la Energía estima que para 2040 será necesario añadir o modernizar al menos 80 millones de kilómetros de redes, duplicando las inversiones anuales hasta alcanzar unos 600 000 millones de dólares. Sin esta expansión, existe el riesgo de congestión de la red y de reducción del uso de energías renovables, con una pérdida de producción estimada, también para 2040, de 310 TWh.
Ante todo esto, sin embargo, existe un problema fundamental que, de no abordarse y resolverse, podría representar un obstáculo significativo para el crecimiento del sector. Se trata del almacenamiento, es decir, la capacidad de acumular y conservar la energía producida y no utilizada inmediatamente, lo que significa que la energía extra producida no se desperdicia al inyectarla a la red posteriormente, y obviamente también reduce los costes. Una necesidad real, dado que para que la red eléctrica funcione correctamente y pueda inyectarla cuando el viento, el sol o el agua no sean suficientes, es esencial contar con una reserva estratégica.
El problema de las fuentes renovables no programables, desde la solar hasta la eólica, incluyendo la geotérmica y la hidroeléctrica, reside precisamente en la variabilidad de la producción energética, que depende de las condiciones meteorológicas. La energía solar, por ejemplo, solo está disponible durante el día y puede verse afectada por el mal tiempo o la presencia o ausencia de nubes, mientras que la energía eólica depende de la presencia de viento y, por lo tanto, requiere generadores que puedan compensar rápidamente esta variación. Los sistemas de almacenamiento permiten almacenar la energía producida cuando la demanda es baja y utilizarla cuando es alta. Por lo tanto, una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de toda la arquitectura energética basada en renovables es la creación de una infraestructura con capacidad de almacenamiento adecuada.
Actualmente, la tecnología más adecuada para las grandes centrales es el almacenamiento hidroeléctrico, que consiste en bombear agua durante las horas de abundante producción energética y liberarla cuando aumenta la demanda. Este sistema, sin embargo, se ve influenciado por la sequía y el cambio climático. Pero hoy en día, el almacenamiento también se realiza mediante otras tecnologías, como las baterías de iones de litio (BESS) o el hidrógeno, producido mediante electrólisis, que se convierte en el precursor necesario para la producción de moléculas químicas bajas en carbono mediante las cuales es posible almacenar químicamente la electricidad generada a partir de fuentes renovables.
Los promotores italianos más dinámicos, como Argo Renewables, Greentech, Kenergia, Limes Renewable Energy, por nombrar solo algunos, y los grandes actores del mercado, desde Enel hasta Terna y A2A, unen fuerzas ante la necesidad de acelerar y construir sistemas de almacenamiento de energía renovable en nuestro país lo antes posible.
El próximo verano será una etapa importante, ya que vence el plazo para las subastas de asignación de capacidad de almacenamiento. El 10 de octubre de 2020, el Ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética aprobó las bases del mecanismo para la adquisición de nueva capacidad de almacenamiento (Macse), definido por Terna sobre la base del decreto legislativo 210 de 2021 y de la resolución 247/23 de la Autoridad, un mecanismo que ya había sido aprobado previamente por la Comisión Europea. En particular, el decreto aprueba la propuesta normativa presentada por Terna relativa a la adquisición a plazo de nueva capacidad de almacenamiento, tanto de baterías de iones de litio como de otras tecnologías de almacenamiento eléctrico, excluyendo las baterías de iones de litio y el almacenamiento hidroeléctrico.
Se trata, sin duda, de un paso importante en la implementación de las energías renovables. Sin embargo, también es necesario acelerar en materia de burocracia y de normativas inciertas y a veces contradictorias que alimentan un clima de conflicto entre las administraciones centrales y territoriales. El proceso para obtener autorizaciones para nuevas instalaciones de almacenamiento es, de hecho, largo y complejo; fue introducido con el decreto Agricultura y posteriormente con el decreto de Áreas Idóneas, que ahora debe ser adoptado por las regiones. Los retrasos en las autorizaciones y la fragmentación regulatoria entre el Estado y las regiones dificultan la planificación y realización de proyectos en plazos razonables.
Con el decreto del Ministro de Desarrollo Económico del 27 de enero de 2022, el gobierno destinó cerca de mil millones de euros para apoyar el desarrollo de soluciones de almacenamiento, con el objetivo de aumentar la capacidad de acumulación hasta los 6 GWh para 2030. Sin embargo, según el Informe de Greenpeace de 2023, Italia aún está lejos de alcanzar los objetivos de capacidad de almacenamiento establecidos por la Estrategia Energética Nacional, y corre el riesgo de no aprovechar plenamente el potencial de las renovables.
Esto también se ve agravado por factores que trascienden las fronteras nacionales, como las dificultades geopolíticas relacionadas con las cadenas de suministro de materiales indispensables como el cobre, el litio, el níquel y las tierras raras, que provienen de países geopolíticamente complejos como China, el Congo e Indonesia, fundamentales para la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y baterías. El desafío es enorme, pero el éxito (o fracaso) de la transición energética del país en los próximos años dependerá de la capacidad de afrontar estas dificultades.